VAMOS ARANDO DIJO LA MOSCA

martes, octubre 27, 2009

Muchas veces reflexiono, con lo que sucede en cada movilización o paro de los trabajadores de la administración pública o municipal. Reclaman y exigen estabilidad, seguridad, proyección y calidad de vida para ellos y sus familias. ¿Es mucho pedir? ¡Nada alejado de toda realidad y lo que un ser humano puede y quiere aspirar! Todos aquellos que se llenan la boca exigiendo lo mismo para la empresa privada, no lo hacen dentro de la misma administración estatal y con sus mismos empleados.

Creo que la autoridad pública, cualquiera que esta sea, causa mucho daño cuando inventa artificiosas polémicas como la que hemos observado, producto de actitudes reiteradas de abuso y que son amparadas por las mismas autoridades de gobierno: desde la Presidenta, sus Ministros y directores de servicios, no reconocen los graves errores y abusos laborales en la administración pública.

Son 80 mil personas a contrata que dependen de la renovación de su contrato año tras año, del buen humor o de caerle en gracia al patrón de fundo, que está ahí por cuoteo político y los más de 35 mil a honorarios, que no tienen vacaciones, salud, previsión, derecho a sala cuna y horas extras. ¿Y qué buscan?: Los a contrata, pasar a planta y los honorarios, pasar a contrata. Esta situación de discriminación laboral refleja fielmente, la irracional distribución del ingreso en Chile. Y en nuestra región, debo sumar la continuidad de la asignación especial de zona extrema.

Según la ley, la planta paralela no puede exceder del 20 por ciento y ésta sobrepasa el 50 por ciento, o sea, el propio Estado, a través del Gobierno no respeta la ley y lo peor. Michelle Bachelet cuando era candidata en el 2006, prometió lo mismo, que los empleados fiscales ahora le reclaman.

Y qué buscan los profesores: Que se les pague una deuda originada en el Gobierno Militar y que los gobiernos de la concertación, ahora la desconocen, la reniegan e incluso, aseveran que ¡ni siquiera existe una deuda ética ni moral! A cada profesor se le debe más de 80 millones de pesos y ellos piden sólo un 10% de ello. El Gobierno ha dicho que los profesores han visto incrementado ostensiblemente sus remuneraciones: Un profesor municipal con 44 horas, recibe 450 mil pesos y una profesora jubilada con 30 años, recibe sólo 61 mil.

Estos son temas que no podemos eludir, ni seguir postergando. Las remuneraciones en el sector público y de los profesores, están muy por debajo de los sueldos de mercado y además se ven enfrentados a otra inequitativa realidad de personas que viven en otras regiones del país, donde su sueldo sí le alcanza para vivir, al menos, con algo de dignidad.

TATIO: SI TE HE VISTO...NO ME ACUERDO

El convenio que establece normas de acuerdo a los pueblos originarios o comunidades indígenas, estipula criterios, mandatos, para que el Estado, cada vez que actúe a materias de su interés o espacio territorial, deba hacer consultas a la comunidad, aspecto que nunca se ha respetado e incluso, a nuestros destacados académicos regionales, personas de larga trayectoria en materia medio ambiental, tampoco se les tomó en consideración su planteamiento técnico-científico, cuando se les invitó a exponer su posición frente al proyecto en El Tatio.

Esa consulta, es un mero remedo para hacer como que se considera a la comunidad, pero en realidad vale hongo lo que digan. No tiene importancia su opinión, porque en este caso las comunidades indígenas, desde el primer momento, manifestaron su preocupación por el impacto negativo que esto tendría, y por la desprolijidad con que se han ido implementando las diferentes iniciativas.

Lo más dramático es que las autoridades públicas, incluso los tribunales de justicia, no brindaron la más mínima importancia a esos grupos, y menos, tomaron en consideración sus puntos de vista, y lo concreto es que, el tiempo les dio la razón.

Lo ocurrido en El Tatio es la expresión elocuente que las instituciones no cumplen con una adecuada institucionalidad, porque no funcionan y siguen siendo un desastre. El Estado debe revisar su institucionalidad medioambiental porque siempre reacciona de forma tardía y sin prevenir.

Desconozco actuaciones donde la autoridad haya sido proactiva, previniendo o estando encima de los proyectos. En todos los desastres medio ambientales que hemos visto en nuestra región, la institucionalidad ambiental ha llegado tarde, de forma desprolija, y sin los recursos para enfrentar esa tarea y en otros, simplemente por negligencia o incompetencia nunca se ha presentado. Lo concreto es que en nuestro país, nunca pasa nada. No hay medidas y no hay responsables. Por eso es que he exigido sanciones. A la empresa, a las instituciones del Estado y a quienes tienen la responsabilidad en este proyecto.

Lo que queremos desechar, es la inoperancia en la administración pública y las malas prácticas de empresas que privilegian el interés económico por sobre el bien común y el medio ambiente. No es aceptable el argumento de la Ministra, que afirma que faltan normas y leyes. Pienso que lo que falta, es buen criterio, sentido común y respeto por nuestro entorno y por nuestros hermanos de las comunidades.

La empresa Geotérmica del Norte, ya tenía dos sanciones ambientales. Esto no es una cuestión nueva, esto fue reiterado y ahí es donde está mi preocupación en el ámbito público. Si la Corema estaba en conocimiento que la empresa, no cumplió con los informes mensuales. ¿Por qué se siguió adelante con el proyecto?

¿Qué pasa cuando la principal empresa del Estado, Codelco, está involucrada?, ¿Le faltarán recursos? ¿Tiene limitantes siendo socio para poder controlar y supervisar ese proyecto?, ¿O es simplemente una orden, para que Codelco pase plata, sin que nadie fiscalice adecuadamente su destino? Al parecer Codelco compite con ENAP para ver cuál de las dos, ha sido más negligente o irrespetuosa con el medio ambiente. Lo puedo decir con propiedad, porque tengo dos comunas donde se está afectando a la dignidad humana. La gente se está muriendo lentamente. Calama, donde se ha contaminado el Río Loa en incontables ocasiones y con las plantas de generación eléctrica de Tocopilla, que están en manos privadas, pero en sus inicios fueron parte de Codelco. Resultado: Saturación total por contaminación.

El Tatio. Un bien nacional, patrimonio turístico mundial y lugar de veneración ancestral, no puede ser simplemente manejado por criterios burocráticos estatales, que colindan en la presión política para llevarlo adelante, para proteger el bolsillo empresarial de alguien y vanagloriarnos de algo que no tenemos. ¡Respeto por nuestro medio ambiente!