¡NO ME EXPLIQUEN A MÍ SEÑORES!

lunes, abril 27, 2009

La demora en la evacuación del informe “Programa Especial de Fiscalización” que a petición mía, realizó la Contraloría General de la República, debido a la denuncia que efectué por las irregularidades en la reconstrucción de Tocopilla, me parece imperioso que luego se destape la olla.

En Octubre y Noviembre del año pasado envié una serie de antecedentes proveniente de denuncias efectuadas por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Tocopilla, con la finalidad que la Contraloría determinara los valores de los trabajos realizados por vivienda, fiscalizara a los inspectores del Serviu y realizara una inspección técnica aleatoria a las viviendas intervenidas. A esto, sumé antecedentes de varias empresas contratistas y subcontratistas, que habrían cobrado un millón 600 mil pesos por demolición de cada vivienda, en circunstancias que esos trabajos no se llevaron a cabo, pues la gran mayoría de los pobladores las habrían demolido por su propia cuenta. Además pedí que se entregara el número de certificados de demolición catastrados y los montos pagados a los contratistas.

También pedí informes sobre los recursos económicos empleados, los agentes responsables en la adjudicación y licitación de los contratos y criterios técnicos que fueron considerados al momento de seleccionar las empresas encargadas de realizar los trabajos de demolición y un estudio, comprando el número de decretos de demolición emitidos por la municipalidad y las cifras que manejaba el Serviu y el Plan Tocopilla.

El excesivo plazo que se ha tomado la Contraloría para dar a conocer este informe, ha sido groseramente abusivo y que llama a escándalo. Por eso es que formulé un llamado al Contralor Nacional para que me envíe este informe cuanto antes. Me parece que la dilación constituye una falta de credibilidad pública con respecto del actuar de la Contraloría. Este informe está listo hace muchos meses y sé que hay irregularidades, lo que no entiendo es por qué este informe no logra salir de Contraloría, dando respuesta a mi requerimiento.

Y como guinda de la torta, debo agregar que hace varias semanas cientos de estudiantes, sólo reciben un sandwich como almuerzo, en vez de un rico almuerzo que reciben miles de niños en todo el país.

Durante estos días, usted será testigo del desfile de autoridades que visitarán Tocopilla tratando de bajar el perfil a mi denuncia. ¡No me expliquen a mí señores!, explíquenle a la gente humilde, que lleva viviendo más de un año y medio en una absoluta miseria y condiciones de vida infrahumanas.

¡ME CONGELARON EL SALDO!

martes, abril 14, 2009

Como si fuera poco, después del escándalo de la colusión entre farmacias y el “extraño” aumento en el precio de los pasajes de los buses durante Semana Santa, debemos agregar la antigua práctica que ya se extiende por largos años por parte de las compañías de telefonía celular, al establecer “ciertas restricciones” cuando cargamos dinero a nuestro celular de prepago.

Estos son los famosos “convenios virtuales”, originados por vacíos legales los cuales podrían poseer abusos contractuales por parte de la empresa que facilita el servicio en detrimento de los usuarios. Actualmente se pierde o se congela el saldo de los celulares de prepago, si el consumidor no usa en un tiempo determinado, el monto que cargó a su móvil, lo que constituye un incentivo perverso que obliga a las personas a usar el servicio telefónico. No hay ninguna razón para que la gente que no use el teléfono, habiéndolo cargado, pierda su dinero.

Lamentablemente esto se posibilita y ampara, al parecer, por la existencia de vacíos legales, donde las partes no han sido libres para acordar los términos y condiciones que regulan la relación, con lo cual se podría concluir que prima la autonomía de voluntad contractual.

En este caso particular, podría aplicarse la normativa sobre protección al consumidor, debido a que el consumidor y las empresas telefónicas no están en el mismo nivel para negociar, por lo cual se podrían considerar dichas cláusulas como abusivas y dejarlas en nulidad.

El tema no es sencillo y requiere de una mayor claridad en el tema contractual. Haciendo una analogía es como comprar 20 litros de bencina, usar en el mes solamente 15 y que el bombero de la gasolinera, golpee la puerta de nuestra casa para quitarte esos 5 litros de excedentes. ¿Qué lógica tiene si pagaste por esos litros?

En tiempos de crisis económica, las personas con mucho esfuerzo compran tarjetas, cuidan el dinero que mantienen en su celular y restringen sus llamadas, pero no es lógico, si mantienes un sistema de ahorro, las compañías simplemente te congelen el saldo si no recargas constantemente tu equipo o sencillamente, este saldo tenga vencimiento, de acuerdo al monto que has cargado, 30, 60 o 90 días.

Por eso le pedí al Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor, conocer la opinión y la postura de ese servicio, en lo relativo a si cuenta con legalidad esta práctica o, si se estaría infringiendo o vulnerando los derechos de los consumidores, debido a las restricciones de vigencia que imponen las compañías de telefonía celular de forma absolutamente unilateral.

También le pedí al Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, que por intermedio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se elabore una resolución para terminar con la mencionada restricción de vigencia con la finalidad de que no pierdan dinero a raíz de un sistema que no es justo y para mí es abusivo y, de esta forma, no sigan congelando el saldo del celular.

PEGATE UNA VOLAITA PO´

lunes, abril 06, 2009

Hace varios años, cuando denuncié el ingreso de drogas sintéticas a la región, las autoridades, trataron de bajar el perfil a mi alarma, pero resulta, que lamentablemente el tiempo me dio la razón y el consumo y decomiso de estas drogas ya se está volviendo habitual por parte de las Brigadas Antinarcóticos de la PDI, Aduanas o el OS7 de Carabineros. Por eso creo que la comunidad desconoce que estos funcionarios, sacan hasta dinero de su propio bolsillo para suplir las necesidades que poseen las instituciones.

En Julio del 2003 Antofagasta contaba con seis funcionarios, el 2007 se aumentó a ocho y el año pasado aumentó a 11 detectives, para abarcar toda la ciudad, además de brindar apoyo en Taltal, Mejillones y Sierra Gorda; mientras que en Calama, la brigada cuenta con 15 policías que abarcan no sólo la ciudad, sino que además, los pueblos del interior, los pasos fronterizos habilitados y no habilitados, Tocopilla, María Elena y Ollagüe.

Es ilógico pensar que en una de las regiones con mayor extensión territorial y donde existe mayor tráfico y consumo de drogas, existan tan pocos funcionarios a cargo de esta área, quienes a pesar de sus tremendos esfuerzos y de redoblar turnos, no están en condiciones humanas para cubrir las necesidades de la zona. Por eso creo que el gobierno, está sobreexplotando a estos funcionarios.

Las autoridades a cargo de la prevención y el control de drogas, no le han tomado el verdadero peso, ni tampoco existe una real disposición y voluntad política para enfrentar este problema de seguridad nacional. Sólo basta ver el éxito en la audiencia que han tenido programas de televisión como "Policías en Acción" y "133 Atrapados por la Realidad", que muestran el consumo y tráfico de drogas que se vive a diario en las calles.

Si no se logra frenar el ingreso de las drogas sintéticas, se convertirá en un consumo habitual en los jóvenes, tal como lo es hasta ahora la pasta base o la marihuana.

Nuestras poblaciones, están infestadas de droga, sólo basta darse una vuelta, para ratificar lo que he venido anunciando durante tantos años. Si antes, los delincuentes robaban para comer, ahora lo hacen para drogarse y los que no roban, la compran porque tienen plata.

Las drogas están golpeando duramente a las familias, a los trabajadores y particularmente a los jóvenes y niños, que se encuentran en las garras del consumo. Sólo basta escuchar a los padres que claman por ayuda para rehabilitar a sus hijos.

Me sorprende cuando escucho al ministro, al subsecretario del interior o a las autoridades de seguridad, vanagloriarse por el éxito en la captura y detención de narcotraficantes y en el aumento de droga decomisada, ya que ello, no hace sino poner de manifiesto lo que estoy señalando, y es la tremenda gravedad que tiene en la realidad nacional el problema del narcotráfico y su consumo.

Las autoridades públicas, los padres y los jóvenes, no tenemos clara conciencia que en el país, el narcotráfico y consumo de drogas, está causando estragos. Pienso que, efectivamente, no hemos sido capaces de detener el desarrollo de este flagelo social y creo que el remedio será tremendamente caro.

TRASPLANTE DE CEREBRO

El noble gesto de amor que realizaron los padres de Rodrigo Chaparro al donar sus órganos, luego de morir atropellado y que logró salvar la vida a tres personas, no sólo demuestra que la donación de órganos es una actitud de vida, que pocas personas están dispuestas a realizar, sino que devela una vez más, el alto nivel de centralismo en que se encuentra nuestro país. Todos los recintos hospitalarios que realizan trasplantes, se encuentran desde Valparaíso al sur.

Por eso es que le he pedido a la doctora, ex Ministra de Salud y actual Presidenta, Michelle Bachelet, que pueda destinar los recursos económicos necesarios para la implementación de una unidad médica en algún centro hospitalario que el Ministerio de Salud defina por razones técnicas, médicas o geográficas y que abarque las especialidades más recurrentes de trasplantes, como corazón, pulmón, hígado, riñones, músculo esquelético, intestinos y páncreas y que además pueda servir para la conservación de éstos órganos, para enviarlos a otras regiones, si así se requiere.

La importancia por contar con este centro que beneficie a todas las comunas y regiones del norte, radica en que se acortan las distancias, se agiliza la capacidad de reacción del equipo médico, además de aminorar los costos económicos en traslado y rehabilitación que deben enfrentar muchas familias.

Es muy complejo enfrentar una enfermedad que requiere de un trasplante. Primero encontrar un donante, reunir varios millones de pesos, dejar la ciudad donde se vive e iniciar una vida completamente de cero, pero lo más lamentable, es que todo esto ocurre por la falta de cobertura médica, derivada de las carencias que poseen nuestros centros hospitalarios. Calama sin una UCI, Mejillones sin maternidad, Antofagasta con un hospital que se cae a pedazos (mientras llevamos cinco años con un ante de un ante proyecto) y el otro, del sector norte, sin camas. Taltal sin especialidades y Tocopilla con uno pasajero, mientras se construye otro, porque si no hubiera sido por el terremoto, nunca se hubiera pensado en uno nuevo.

Creo que es urgente tener un centro de trasplantes y que se comiencen a estudiar planes especiales de contingencia para las familias que deben enfrentarlo, pese a la especialización y profesionalización de nuestros doctores para que atiendan dichas emergencias, no existe la implementación tecnológica necesaria para investigaciones previas, conservación de órganos y posteriores cirugías, como tampoco existe voluntad política por parte de la autoridad encargada en dar respuesta a esta necesidad, sino que le pregunten a todas las familias que han tenido que vivir este drama. Por eso digo, que hay muchas personas, que necesitan con urgencia un trasplante de cerebro.

375 MILLONES DE DÓLARES SE LES DEBE A LOS PROFESORES DE ANTOFAGASTA

El año 1981 se dictó el decreto ley Nº 3.551 que dispuso un régimen de remuneraciones para el sector público, estableciendo en su artículo 40 una “asignación especial” no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación.


Para hacer efectivo el pago de este beneficio se fijó un calendario que debía ser cumplido entre 1981 y 1984. Sin embargo, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, a pesar que el Gobierno Militar fijó el mes enero de 1988 como último plazo para el pago de este derecho.

Hasta la fecha, la deuda histórica con los profesores se mantiene; pese a ser reconocida por los tres Gobiernos de la Concertación y este cuarto que está llegando a su fin. El Congreso y hasta el Poder Judicial lo han reconocido, sin embargo, nadie le pone fecha, ni firma al pronunciamiento político.

Es un gran problema de orden moral que el Estado de Chile no puede desconocer. En nuestro país han fallecido cinco mil profesores, esperando que se les pagara lo que siempre fue de ellos, y otros miles, han llegado hasta la Justicia con el propósito de conseguir esta indemnización compensatoria, que en algo alivie los años de sufrimiento.

En la discusión del presupuesto de Educación para el año 2009, todos los sectores políticos, de forma transversal, manifestamos nuestra molestia, rechazando las partidas a ese ministerio, esperando una solución y pronunciamiento por parte del gobierno.

Sobre la deuda histórica de los profesores, la gente quiere escuchar y en particular los profesores, no es cuando empezó este drama, sino cuándo finalizará. La deuda existe, está reconocida y hay que dar una solución en la medida de lo posible, ya que resulta francamente impresentable y bochornoso, no dar una solución a ello y seguir dilatando este grave problema de estado.

Pese a la búsqueda de una pronta salida al problema, es posible que no se pueda solventar todo el monto que implica la deuda del profesorado que alcanza los 14 mil millones de dólares, pero ello no significa, seguir desconociendo esa situación.

Hay que dar respuesta, de una vez por todas al magisterio, por cuanto no es legítimo ni es simétrico hacerles exigencias, cuando en realidad el Estado tiene una deuda inconmensurable, no sólo económica, sino también en la dignidad de un trabajo tan relevante como este. Los senadores estamos cansados de no ser escuchados por los distintos gobiernos y de enviar proyectos de acuerdo, donde pedimos a los presidentes de turno, que se reconozca y se proceda al pago de esta deuda. Pero, no se oye padre.

Por ejemplo, una profesora en Antofagasta, que jubiló en 1989, percibe de pensión sólo 177 mil pesos mensuales, lo cual no alcanza para comer, ni vivir con dignidad, ni siquiera para pagar sus remedios o para el colectivo.

En nuestra región son dos mil 874 profesores los que están en una situación más o menos parecida y a nivel nacional son más de 93 mil, sin contar a los cinco mil fallecidos.

Según el Colegio de Profesores, son 220 mil pesos mensuales, lo que cada maestro dejó de percibir desde que se originó la deuda, con lo cual el monto comprometido, solamente en nuestra región, es de 375 millones de dólares.

Debemos ser honestos y claros. En 27 años la deuda acumulada por cada profesor llega a los 74 millones 884 mil pesos, lo cual claramente les soluciona una parte de las deudas en las cuales ellos han debido incurrir por las bajas remuneraciones que obtienen en la actualidad, lo cual solamente mitiga la deuda económica con los profesores, pero la deuda moral y ética con ellos, aún permanece pendiente. Hoy no se fía, mañana sí.