"CONTACTO"

viernes, septiembre 07, 2007


La cruda realidad que presentó el programa “Contacto” sobre las cárceles chilenas, deja al desnudo la constante improvisación de las autoridades ministeriales y de todos los presidentes de la República que han pasado durante estos 17 años de supuesta democracia.


El grave hacinamiento que sufren los internos de los antiguos penales y las graves dificultades económicas y de seguridad que los propios funcionarios de Gendarmería viven a diario, pone de manifiesto, más bien un “corto circuito” en el deber del Estado, y de sus autoridades, por hacer valer los estándares internacionales de derechos humanos, así como las garantías consagradas en la Constitución Política.

Este programa se pudo llamar “El Negocio del Siglo”, porque más bien parece una jugada maestra de la concesionaria al recibir más de 63 millones de dólares, o más bien, más de 30 mil millones de pesos, que el Ministerio de Obras Públicas pagó, para terminar los contratos suscritos por el Estado, en las cárceles de Antofagasta y Concepción. El esfuerzo de cada chileno, terminó aportando con pagar las ruinas más caras del mundo.

¿Tan grande es el poder que posee una de las empresas de la concesionaria, que el mismo Ministro Eduardo Bitrán, se sintió rehén de Besalco? Y si hubiese sido así, después que esta empresa produjo un grave daño al patrimonio fiscal, a las empresas subcontratistas y a sus trabajadores y de todos los antecedentes e irregularidades cometidas, el Departamento de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas no la eliminó del registro de contratistas. Sólo en lo que va corrido del 2007, este departamento siguió adjudicando vía propuesta pública, proyectos a Besalco S.A., que en total suman más de 27 mil 66 millones de pesos.

Algunas de las obras adjudicadas a Besalco son la reposición de ruta F-30-E sector Zapallar, La Laguna, en la Región de Valparaíso, por un monto superior a los cinco mil 500 millones de pesos. Mejoramiento y construcción ruta 115-CH, Puente Amerillo- Paso Pehuenche, sector acceso oriente central Cipreses- Quebrada Los Toros, tramo kilómetro 98 al 109, en la Provincia de Talca, por un monto superior a los seis mil 100 millones de pesos. Reposición ruta 126, sector Coelemu- Rafael-Tome, tramo kilómetro 4,5 (Puente Burca) al kilómetro 14,4, en la provincia de Ñuble, por más de cinco mil 800 millones de pesos y por último, ampliación, reposición y pavimentación, ruta 5 acceso norte a Temuco, por un monto de nueve mil 500 millones de pesos.El Ministro Eduardo Bitrán aseguró hace unos meses a un diario de la capital, no poseer mecanismos jurídicos para descalificar a dicha empresa en una licitación. “No hay autoridad que pueda objetarla. La única opción es que la Dirección General de Obras Públicas, que tiene que hacer evaluaciones periódicas de los proyectos, tenga resultados de esas calificaciones que determinen que una empresa se reduce en la categoría del registro de contratista”.

Ricardo Lagos en el mensaje presidencial del 21 de mayo del 2001, lamentaba la muerte de 26 reos de la cárcel de Iquique que fallecieron producto de un incendio. “Esas 26 personas fallecidas son una invocación a la necesidad de tener que actuar con mucha mayor celeridad”. Un año más tarde, Lagos fue categórico. “Se han licitado, proyectos para la construcción, con capitales privados, de 10 grandes recintos penales, en Santiago habrá una cárcel de alta seguridad. Quiero dar una cifra, cuando en este gobierno estén terminados esos 10 recintos penales, se habrá construido en materia carcelaria, el equivalente a todo lo que Chile ha construido en materia carcelaria en su historia. Impresionante la cifra. Todo lo que hemos sido capaces de construir hasta ahora, lo doblaremos en mi período de gobierno y resolveremos el tema del hacinamiento carcelario”.

Sólo las cárceles de Iquique, La Serena y Rancagua se construyeron según lo anunciado de manera tan categórica por Lagos. Las de Concepción y Antofagasta, están paralizadas, hace más de dos años. Las de Santiago Uno, Valdivia y Puerto Montt, están siendo entregadas este año, o sea, con un año de atraso y por último, el otro penal en Santiago y en la séptima región, ni siquiera se han sido licitados.

Las irregularidades cometidas en la construcción del penal de Antofagasta se presentan casi a fines del 2004, cuando literalmente la concesionaria BAS DOS, integrada por las empresas Besalco, Sodexho y Torno, abandonaron las obras por supuestas diferencias de costos, por mayores obras, con el Ministerio de Obras Públicas. Esto trajo consigo el cierre de las faenas y la imposibilidad que 20 de las empresas subcontratistas de la región no recibieran el pago de sus trabajos realizados, además de no poder retirar maquinarias y materiales desde la obra, adeudar imposiciones y sueldos a los trabajadores y proveedores, deudas con Tesorería General de la República, protestos, boletín comercial y pérdida de la calidad de sujetos de crédito ante las instituciones financieras. A raíz de esto, es que pedí la intervención del Ministerio de Obras Públicas, del Departamento de Concesiones y de la inspección fiscal, por la supuesta falta de rigurosidad, fiscalización de la obra y de los pagos, así mismo una investigación de la Contraloría General de la República, que abarcara desde el proceso de adjudicación, construcción y recursos empleados en la Nueva Cárcel de Antofagasta. En la actualidad la obra se encuentra paralizada, presentando un avance físico del 42,03% de uno programado de 77,35%, al 30 de abril del 2005.


LICITACIÓN
El Ministerio de Obras Públicas, por mandato del Ministerio de Justicia, licitó en marzo del 2001, dos establecimientos penitenciarios del Grupo I (Iquique, La Serena y Rancagua) adjudicándosele a la Sociedad Concesionaria BAS S.A. (Besalco S.A. – Sodexho – Torno Internazionale S.A.) 80 millones de dólares, con un plazo de vigencia inicial de concesión de 22 años. En el 2002, otros dos establecimientos penitenciarios del Grupo II (Antofagasta y Concepción) fueron licitados, adjudicándose a la Sociedad Concesionaria BAS DOS S.A. (Besalco S.A. – Sodexho – Torno Internazionale S.A.) con la suma de 50 millones de dólares, con un plazo de vigencia inicial de concesión de 273 meses, a contar del 6 de marzo de 2003, y con fecha de término el 06 de diciembre de 2025. El mismo año, fueron licitados los establecimientos penitenciarios del Grupo III (Santiago, Valdivia y puerto Montt), adjudicándose a la Sociedad Concesionaria Vinci S.A, con 80 millones de dólares y un plazo de vigencia inicial de concesión de 273 meses, a contar del 02 de abril de 2004. Para iniciar los trabajos de diseño, ingeniería y la construcción de los penales, mediante subcontratación, la concesionaria del Grupo I, (BAS S.A.), creo la empresa “El Roble”, cuyo capital inicial fue cercano a los 70 millones de pesos. La concesionaria del Grupo II (BAS DOS S.A.), creo la empresa “Las Acacias”, con un capital de 50 millones de pesos y por último la concesionaria del Grupo III (VINCI S.A.) creo la empresa “VINCY VCGP CHILE S.A.”.

Para las empresas subcontratistas, que firmaron contratos con las nuevas empresas que las mismas concesionarias crearon, se vieron afectadas por la paralización de las obras de las cárceles, y el no pago de los trabajos realizados. Esta situación trajo consigo quiebras, embargos, denuncias laborales y deudas con el mismo Estado, a través de la Tesorería. Los más de 50 pequeños empresarios de los tres grupos de cárceles concesionadas, sostienen que se adeudan por concepto de trabajos realizados y no pagados e intereses, más de siete millones 500 mil dólares.

INFORME DE CONTRALORÍA
La investigación solicitada por mí a la Contraloría, en marzo del 2005, determinó atrasos en la obra que se habrían originado “por una eventual subestimación de costos dado los volúmenes de obra, con la consiguiente falla en la estimación presupuestaria, pasando por una situación financiera delicada por parte de la sociedad concesionaria. Además producto de una mala administración y falta de eficiencia en la gestión constructiva de la empresa constructora Las Acacias S.A., provocó una disminución extrema de los recursos productivos, tanto en la rebaja de la dotación de personal, materiales, equipos y maquinarias y quiebra de 20 pymes de Antofagasta, que desde diciembre del 2004, no han recibido ni un peso por las obras ejecutadas”. Sobre las boletas de garantía entregadas para la construcción del proyecto, la sociedad concesionaria presentó inicialmente 20 boletas bancarias equivalente a 63 mil UF, que caucionaban en partes iguales los dos centros penitenciarios (Antofagasta y Concepción), que en su oportunidad quisieron ser reemplazadas y renovadas, quedando con fecha de vencimiento el 30 de junio de ese año, no obstante por el atraso originado, no se habrían alcanzado a renovar.

El informe de Contraloría establecidas en la fiscalización técnica, logró determinar que en los elementos de hormigón se pudo apreciar “notorias faltas de horizontalidad y verticalidad. Nidos de piedra a la vista sin ser tratados y otros, reparados inadecuadamente, cubriéndolos sólo con mezcla de mortero. Fisuras, juntas de dilatación mal desarrolladas y, además, con las imperfecciones y reparaciones señaladas. No se cumple a satisfacción con la exigencia de hormigón a la vista, debiéndose corregir y preparar adecuadamente antes de la aplicación de los esquemas de pintura y revestimientos respectivos”.

“En algunos sectores, detalla el informe del fiscalizador e ingeniero constructor Antofagastino, Jorge Calvo Montes, no se previó el paso de tubos y cañerías antes de concretar ciertos elementos de hormigón armado, debido a que fueron intervenidos posteriormente con perforaciones mal realizadas, con herramientas inadecuadas y otras, con la aplicación de una maquina “testiguera”, cortando fierros de la armadura sin la colocación de refuerzos, igualmente, se apreció fierros grifados con el consiguiente debilitamiento. Además por la presentación de los hormigones, se desprende que en algunas oportunidades se utilizó moldaje inadecuado, dando mayor cantidad de usos del que exige la norma, fundamentalmente respecto de las placas, como también por la fatiga y mala colocación de elementos de fijación y rigidización”.

Otras de la irregularidades dadas a conocer, en la oportunidad, reveló que el libro de obra, “se mantenía en la oficina de inspección técnica en Santiago y no en las faenas, verificándose la falta de registro de algunos actos relevantes ocurridos durante el curso de la ejecución de los trabajos”.

De la revisión de los informes mensuales de febrero y marzo del 2005, evacuados por la asesoría a la inspección fiscal (Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.) se determinó que “presentan omisiones y falta de información, como el desarrollo y avance de partidas que conforman el edificio de reclusión especiales, así mismo en dichos reportes no se pondera en forma equilibrada la asignación porcentual de superficies en los diferentes recintos. Además en ellos, inexplicablemente, se hace mención a radier en el segundo y tercer nivel, dentro de las partidas y actividades de obra de algunos recintos o edificios”.

La obra “se estaba ejecutando sin el correspondiente permiso de edificación municipal. No obstante, el 16 de junio del 2004, fue ingresado el proyecto de infraestructura penitenciaria a la dirección de obras municipales de Antofagasta, pagándose sólo el equivalente al 10% de los cerca de 64 millones de pesos de los derechos, por concepto de permiso de edificación determinados por la entidad edilicia”.

TÉRMINOS DE CONTRATOS
Tras el fallo adverso presentado por la Mesa Arbitral, que estableció diferencias de precios y costos de las obras entre las concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas, Eduardo Bitrán llegó a un acuerdo con las concesionarias, para así poner fin a los contratos y poder tomar el control de los recintos penitenciarios. De esta forma, Bitrán ya pagó a la concesionaria BAS DOS S.A. a cargo de la construcción del penal de Antofagasta, 63 millones de dólares, al grupo III de la concesionaria VINCI, se le pagó 10 millones de dólares y se le adeudan otros 35 que ya están establecidos mediante un contrato. Por último en el caso del Grupo I en Iquique, se le pagarán más de 112 millones de dólares por concepto de ejecución de obras y administración del penal. El problema surge debido a que el Ministerio ha pagado cientos de millones de dólares, por cárceles abandonadas y obras catalogadas técnicamente como ruinosa.

PYMES QUEBRADAS
El Ministerio de Obras Públicas, a través de todos los ministros y directores de concesiones que han pasado durante estos años, han hecho vista gorda a esta problemática, a pesar de estar en sus manos la solución a estas empresas que han quebrado y producido un grave problema social, laboral y económico en las diferentes regiones. Ha sido un disparate y el MOP debe responder ahora, porque fue esta misma instancia, mediante una reunión de gabinete presidencial en Antofagasta, donde se aseguró que se harían cargo del pago de las deudas a las pymes, cosa que hasta la fecha no ha sucedido.

El proyecto de construcción de cárceles que llevó adelante el Ministerio, resultó un verdadero desastre, un fracaso y un fiasco. Esta situación pone de manifiesto, que este proceso de concesión ha sido irregular, negligente y por sobre todo, ha tenido un grave detrimento al patrimonio público. Me sorprende la lentitud con que se llevan adelante estos procesos, la falta de sensibilidad con que ha actuado el Ministerio de Obras Públicas, incluso con un cierto grado de negligencia aberrante, cuando le quiso hacer entender al país que el problema derivado de este sobreprecios, que por lo demás no es una cuestión aislada, sino habitual en estas empresas involucradas en cada proyecto de Obras Públicas, dupliquen el valor por la vía de todo tipo de artilugios. Lo que me sorprende, es que la actuación del Ministerio de Obras Públicas, que representa al Estado chileno para estos efectos, muestra una falta de compromiso con las consecuencias de este proceso y, el Estado, en paralelo, como lo he denunciado en otras ocasiones, activa instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, para que ejecuten acciones en contra de los subcontratistas, que son las víctimas de los atropellos de estas grandes y poderosas empresas. Lo más grave es que a las pymes, se les han embargado todos sus bienes, por medio de la fuerza pública que actúa con amplias facultades de allanamiento y descerrajamiento.

Con estas dramáticas situaciones que han atravesado las pymes, donde las concesionarias a cargo de las construcciones de los penales dejaron impagos sus compromisos, demuestra el fracaso del plan estrella del ex Presidente Ricardo Lagos. Esta situación no sólo afectó a las pymes, trabajadores y comercio local de Antofagasta, sino que, también este tipo de irregularidades ocurrieron en La Serena, Rancagua, Alto Hospicio, Concepción, Santiago, Puerto Montt y Valdivia.
Esta bomba de tiempo explotó en las manos de las hoy, pymes quebradas. Mientras la concesionaria continúa su peregrinaje y Lagos Guarda silencio.

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