LEY PENAL JUVENIL: “DEBUT Y DESPEDIDA”

jueves, junio 07, 2007

Estoy convencido que la entrada en Vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, será sólo “debut y despedida”. Debido a que no están dadas las condiciones mínimas de infraestructura, funcionamiento y condiciones laborales y económicas tanto para que los funcionarios del Sename como para jóvenes que cometan delitos.

En el caso de Antofagasta el Gobierno tuvo más de un año para realizar obras de mejoramiento del único centro cerrado (Surgam) para una capacidad de 48 plazas, pero aún no se concluyen los trabajos.

Le pregunto a la autoridad de justicia qué va a suceder con aquellos jóvenes, que serán derivados por los jueces a cumplir con un régimen semicerrado y que provienen de comunas tan alejadas como Taltal, Ollagüe o Tocopilla, distante 300, 400 o 500 kilómetros. Quién va a solventar los gastos de traslado o si llegase a suceder una accidente en la carretera, quién responde por ese joven que viene a cumplir con un dictamen judicial.

Por otra parte, solidarizo plenamnete con las peticiones de los trabajadores de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse) respaldando sus movilizaciones porque es la única forma de hacerle ver a la autoridad pública y política, lo equivocada que se muestra, cuando se parte con las condiciones mínimas y básicas.

Hay tozudez por parte de las autoridades y esta actitud nos demuestra, como en otros cientos de casos, que el Gobierno se ha acostumbrado a implementar normativas, sin consultar primero si están dadas las condiciones mínimas de infraestructura, gestión y mejoras económicas para los funcionarios que deberán hacerse cargo de lo implementado.

Este problema de infraestructura que ya atraviesa la implementación de la ley penal juvenil, viene a sumarse con lo que ocurre con las residencias familiares u hogares de acogida, que albergan a niños y niñas, derivados de los Tribunales de Familia. Sencillamente no hay más cupos disponibles y no hay recursos económicos como para contratar más personal. Aunque las autoridades responsables de la implementación de la ley, le bajen el perfil a los problemas, el resultado será el mismo. Un desastre, porque el Gobierno actúa sin eficiencia, eficacia y oportunidad.

Existen una serie de compromisos de gestión que asumió el Gobierno ante el Congreso Nacional, mediante los cuales se fijaron las condiciones básicas para la entrada en vigencia de este cuerpo legal y que a mi parecer no se han cumplido.

Existencia de la infraestructura para aplicar la ley. Es así como se comprometieron 17 centros cerrados de privación de libertad a nivel nacional con una capacidad total de 1470 plazas para una demanda esperada nacional de 893 plazas, el primer año de funcionamiento.

Respecto de los centros semicerrados de privación de libertad, el compromiso indicaba un centro por región con un total de 17 centros a nivel nacional, los que tendrían 810 plazas disponibles para una demanda estimada de 801 plazas.

En materia de reescolarización, se comprometió una oferta educativa básica y media para todos los centros cerrados del país, con un costo total de 688 millones de pesos para financiar 17 proyectos de reinserción educativa, para un total de 890 plazas licitadas, los que aún no han sido adjudicados.

Para los semicerrados y sanciones en medio libre, se han establecido coordinaciones con educación a nivel provincial, de modo de apoyar y reinsertar a los jóvenes infractores.

Para el año 2008, Sename ha planteado la incorporación de los infractores de ley en la subvención especial para jóvenes con necesidades educativas especiales transitorias, lo que significará un incentivo a los sostenedores, aumentando la subvención a 140 mil pesos por joven.

Otro de los compromisos asumidos por el Gobierno se refiere al tratamiento y rehabilitación en el consumo de drogas. De este modo, se comprometieron con recintos especiales de atención ambulatoria en cada uno de los centros privativos de libertad, además de cinco centros de hospitalización de corta estadía a nivel nacional, los que estarán al interior de los centros de detención, y que tendrían por objetivo, trabajar en la desintoxicación y estabilización de jóvenes infractores que presenten niveles de consumo problemáticos de alcohol o drogas.

Los otros compromisos se refieren a entregar capacitación laboral a los jóvenes infractores, mediante talleres e instructores especializados; garantizar a nivel nacional una cartera de programas con la oferta completa de las medidas de medio libre y la licitación de los delegados para el control de las sanciones de libertad asistida y libertad asistida especial; aprobar y publicar los reglamentos para las leyes 20.084 y 20.032 que permite implementar las medidas de medio libre, y finalmente, capacitar y especializar a todos los funcionarios de las distintas instituciones que intervendrán directamente en la reforma, es decir, jueces, fiscales, defensores, funcionarios de Sename, Gendarmería, Carabineros y Policía de Investigaciones.

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