CUANDO ES ESTADO ES JUSTICIERO

viernes, febrero 23, 2007

Ya han pasado más de dos años desde que el Consorcio Bas Dos, a través de una empresa de “fantasía” como “Las Acacias”, literalmente arrancó de las obras que desarrollaba en la “nueva cárcel” de Antofagasta, dejando tras su estela de dudosa procedencia de adjudicación y construcción, a más de 20 pymes de nuestra región.

Pero en definitiva, si una de las grandes empresas de nuestro país, no responde a sus acreedores, prestamistas, financistas o la banca, ¿quién responde por la obra? En este caso, debe responder El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, quién actúa como mandante y responsable final, pero resulta que es el mismo Estado, a través del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería Regional, quienes ajustician y revientan a las pymes mediante excesivos intereses por impuestos no pagados, producto del cierre de las faenas que este “gran consorcio” dejó en el Nudo Uribe.

Lo cierto es que ninguna pequeña o mediana empresa querrá establecer contratos con el Estado o sus Ministerios, porque saben que nadie responderá ni cautelará los intereses de las pymes, ni de los trabajadores y sus familias, que quedan a la deriva, abandonados, embargados y quebrados, dañando incluso, al comercio local.

Por ejemplo el vocero de las pymes afectadas, Germán Pino, debe más de nueve millones de pesos, sólo por concepto de multas, intereses y reajustes, por una deuda inicial de seis millones. Si no se paga lo adeudado, les rematarán lo poco y nada que les queda. Nunca va a haber responsabilidad subsidiaria del Estado porque las instituciones se lavan las manos como 'Pilatos'.

Es cierto y es una realidad, las pymes antofagastinas con obras en la nueva cárcel viven duros y críticos momentos por los 2 mil 400 millones de pesos que se les deben. Hubo documentos de las pymes que avalaban los trabajos realizados en la obra, pero que no se alcanzaron a facturar porque los responsables de la construcción se esfumaron por arte de magia.

Los únicos que han ganado con este “negocio redondo” han sido los del consorcio y algunos otros. Se presentaron con una propuesta insuficiente, se adjudicaron las obras de manera poco transparente, paralizaron la construcción de la cárcel y de regalo de consuelo, el Ministerio de Obras Públicas, indemniza a esta sociedad concesionaria para terminar el contrato, con cerca de 30 mil millones de pesos.


Se les ha pagado por algo que va a tener que construirse de nuevo, porque las obras han quedado inservibles y sólo con un 41 por ciento de avance. Y esto lo avalo con informes de Contraloría que dictaminaron que había serios y graves problemas de diseño y construcción desde un comienzo.

El Estado siempre será justiciero, porque no existen responsabilidades políticas de quienes estuvieron y están a cargo del “gran proyecto penitenciario” para nuestra región.

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