CUANDO ES ESTADO ES JUSTICIERO

viernes, febrero 23, 2007

Ya han pasado más de dos años desde que el Consorcio Bas Dos, a través de una empresa de “fantasía” como “Las Acacias”, literalmente arrancó de las obras que desarrollaba en la “nueva cárcel” de Antofagasta, dejando tras su estela de dudosa procedencia de adjudicación y construcción, a más de 20 pymes de nuestra región.

Pero en definitiva, si una de las grandes empresas de nuestro país, no responde a sus acreedores, prestamistas, financistas o la banca, ¿quién responde por la obra? En este caso, debe responder El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, quién actúa como mandante y responsable final, pero resulta que es el mismo Estado, a través del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería Regional, quienes ajustician y revientan a las pymes mediante excesivos intereses por impuestos no pagados, producto del cierre de las faenas que este “gran consorcio” dejó en el Nudo Uribe.

Lo cierto es que ninguna pequeña o mediana empresa querrá establecer contratos con el Estado o sus Ministerios, porque saben que nadie responderá ni cautelará los intereses de las pymes, ni de los trabajadores y sus familias, que quedan a la deriva, abandonados, embargados y quebrados, dañando incluso, al comercio local.

Por ejemplo el vocero de las pymes afectadas, Germán Pino, debe más de nueve millones de pesos, sólo por concepto de multas, intereses y reajustes, por una deuda inicial de seis millones. Si no se paga lo adeudado, les rematarán lo poco y nada que les queda. Nunca va a haber responsabilidad subsidiaria del Estado porque las instituciones se lavan las manos como 'Pilatos'.

Es cierto y es una realidad, las pymes antofagastinas con obras en la nueva cárcel viven duros y críticos momentos por los 2 mil 400 millones de pesos que se les deben. Hubo documentos de las pymes que avalaban los trabajos realizados en la obra, pero que no se alcanzaron a facturar porque los responsables de la construcción se esfumaron por arte de magia.

Los únicos que han ganado con este “negocio redondo” han sido los del consorcio y algunos otros. Se presentaron con una propuesta insuficiente, se adjudicaron las obras de manera poco transparente, paralizaron la construcción de la cárcel y de regalo de consuelo, el Ministerio de Obras Públicas, indemniza a esta sociedad concesionaria para terminar el contrato, con cerca de 30 mil millones de pesos.


Se les ha pagado por algo que va a tener que construirse de nuevo, porque las obras han quedado inservibles y sólo con un 41 por ciento de avance. Y esto lo avalo con informes de Contraloría que dictaminaron que había serios y graves problemas de diseño y construcción desde un comienzo.

El Estado siempre será justiciero, porque no existen responsabilidades políticas de quienes estuvieron y están a cargo del “gran proyecto penitenciario” para nuestra región.

40 MIL CHILENOS SIN TRATAMIENTO DE DROGAS

viernes, febrero 09, 2007

Hay en nuestro país más de 40 mil personas esperando por un cupo para ingresar a un centro de tratamiento y rehabilitación de drogas. Esta verdadera odisea de desesperanza y falta de recursos económicos de padres, tíos, abuelos y de las mismas personas que, tras una difícil decisión se encuentran golpeando puertas en diversos centros de acogida, no logran ser internadas o tratadas.

Los altos costos que conlleva este tipo de tratamiento que debe recibir cada persona, ya sea en forma ambulatoria o de internado y al gran esfuerzo que debe hacer una familia de clase media o baja para iniciar este proceso, dura a lo menos 18 meses, dependiendo del grado de consumo experimentado, ya sea por los años de adicción o por el tipo de droga consumida.

Pese a que el presupuesto para el Conace de este año superó los 18 mil millones de pesos, el problema de la drogodependencia y la escasez de centros de rehabilitación, está llegando a un punto crítico. Hay miles de jóvenes, en especial mujeres, que necesitan en forma urgente ingresar a los centros de rehabilitación. Pero el problema es que este año sólo se podrán atender a cerca de ocho mil personas en todo el país.

La cobertura del Bono 4 del plan Fonasa-Conace, que permite a familias acceder a un tratamiento, ha ido en aumento en los últimos años, pero aún así, sigue siendo muy bajo el aporte que hace el Estado. Las familias no pueden costear un tratamiento, que fluctúa entre los 120 mil y 300 mil pesos mensuales. Los recursos con que cuentan las familias son muy escasos e incluso hay situaciones en los que ni siquiera se puede pagar la mitad de un tratamiento.

El proceso de rehabilitación es largo y doloroso y consta de varias etapas, como el caso de la internación en las comunidades terapéuticas y que muchas veces se realizan fuera de la comuna donde reside el enfermo, el trabajo de psicoterapia con profesionales como psiquiatras, psicólogos y grupos de autoayuda. Posteriormente, viene una etapa de reinserción laboral y social y por último el seguimiento a los pacientes, que corresponde una vez que ha dado término a este tratamiento.

En nuestra región existen muy pocos centros de rehabilitación que han logrado con éxito, recuperar a personas dependientes de las drogas. Y varias son las razones de sus cierres: nulo aporte de las empresas, falta de infraestructura para albergar a los internos y poco compromiso, de todos nosotros con este grave problema.

Esta preocupación la he manifestado por varios años y hasta la fecha no ha habido voluntad política para destinar recursos en la construcción de centros de rehabilitación para mujeres, en nuestra región y que sea accesible para todos por igual.

El Estado debe hacer un esfuerzo mayor para garantizar que nadie que necesite tratamiento para salir de las garras de las drogas, quede excluido por falta de recursos o porque no existen centros de rehabilitación en nuestras comunas.