HUELE A CORRUPCIÓN

jueves, enero 25, 2007

En esta especie de corrupción generalizada que estamos viviendo actualmente, o como dicen las autoridades de Gobierno “supuestas irregularidades”, han dañado enormemente, las bases de la Administración Pública y la imagen de los funcionarios públicos, que nada han tenido que ver. Los casos de corrupción han sido protagonizados, en su gran mayoría, por operadores políticos y personas en cargos de confianza política y no por funcionarios de carrera.

Estas situaciones dañan profundamente el grado de confianza y credibilidad de las instituciones del Estado, por ejemplo: sueldos millonarios a ejecutivos de Enap y a los de Correos de Chile. Los casos en Indap, las casas Copeva, Esval, Conadi, los casos Mop-Gate, Mop-Ciade, Mop-Idecon. Chiledeportes, caso Coimas, Corfo- Inverlink, caso facturas falsas y empresa Publicam, los desvíos de dineros a partidos políticos, denunciados por schaulsohn y Mulet y por último la construcción de la cárcel de Antofagasta, que se ha transformado en un verdadero escándalo, aún sin responsables.

Existe un excesivo número de cargos de confianza que dispone el gobierno de turno, que entorpece, más que beneficiar la gestión. Por eso es necesario tomar medidas y acciones que limiten lo que puede llegar a convertirse en una escalada de actos corruptos, los que terminarán atentado con la propia institucionalidad del país, mientras tanto, la gente pierde la capacidad de asombro frente hechos de corrupción. No nos vaya a pasar como lo de Argentina, en que literalmente “se robaron el país”.

La concertación es la administradora del aparato estatal, y con ello, todas las instituciones y organismos. El Gobierno debe mostrar coherencia y consecuencia, frente al desempeño de sus representantes en los distintos cargos públicos; las dudas ya están sembradas y la ciudadanía merece muchas explicaciones. Pero eso no sucede. Cuando una autoridad ha fallado en su desempeño, parece ser olvidado, en el corto tiempo, por las siguientes administraciones, personeros de la Concertación que en estos momentos continúan en otros cargos públicos, como especie de regalo de “consuelo” o ganadores de las cuatro esquinas de un “binguito”. Es necesario mantener una consecuencia ética entre lo que se dice y lo que se hace, y actuar con más energía y severidad ante cualquier hecho de corrupción.

Existe un evidente deterioro de la valoración de la política, la confianza y credibilidad en los políticos, la participación de los ciudadanos en los partidos y en los procesos electorales, demuestra un desinterés generalizado por la cuestión pública.

La Contraloría, ente fiscalizador del Estado y del Gobierno, carece de una modernización, facultades fiscalizadoras y recursos económicos, para desempeñar su misión. Durante muchos años la Contraloría y sus funcionarios, han demostrado una inalterable conducta de compromiso con el rol fundamental que le entrega la ley, gozando con el reconocimiento institucional en toda Latinoamérica.

El nombramiento de un nuevo contralor requiere de una definición de un Sistema Nacional de Control y Fiscalización. Institucionalidad que hoy no existe en la práctica, porque no existe coordinación entre los sistemas de control al interior de la administración pública o del Estado, ya sea en municipios, empresas públicas e instituciones gubernamentales.

No puede haber modernización de la contraloría, si el Gobierno y el Estado no tienen la disponibilidad, disposición y decisión para entregar los recursos necesarios.

Ha surgido una iniciativa parlamentaria en el sentido de extender el fuero laboral para los servidores públicos, que se rigen por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que si bien tienen la obligación de denunciar las irregularidades que conozcan, no tienen un fuero laboral.

Esta iniciativa va a establecer un fuero de 90 días para los funcionarios públicos y municipales que denuncien la ocurrencia de irregularidades en sus lugares de trabajo, por lo que no podrán ser suspendidos o destituidos de sus cargos, desde el día en que presenten la denuncia, hasta 3 meses después de que se haya terminado la investigación o el sumario respectivo, hasta que deje de oler a corrupción.

DROGAS: MAL DE MALES

miércoles, enero 17, 2007

El país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el consumo de drogas. Siento que vale la pena analizar las denuncias de amenazas de muerte que han recibido parlamentarios, fiscales, jueces, Alcaldes y pobladores, que alguna vez han denunciado este flagelo. Por primera vez escucho con claridad a una autoridad pública, como el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena, señalar que se necesita modificar las leyes.

Es habitual informarse en la prensa, sobre actos y hechos de violencia, baleos, asaltos, asesinatos, robos de vehículos y prostitución infantil y lo cierto es que todos estos hechos no son sino una consecuencia de un problema basal en Chile, el consumo y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades públicas, los ministros pertinentes y en general todos nosotros, no tenemos clara conciencia que en el país, el narcotráfico y consumo de drogas, está causando estragos. Pienso que efectivamente no hemos sido capaces de detener el desarrollo de este flagelo social y creo que el remedio será tremendamente caro.

El norte ha dejado de ser un pasadizo para el tráfico de drogas convirtiéndose en un centro de alto consumo particularmente de cocaína y su derivados. Las drogas están golpeando duramente a las familias, a los trabajadores y particularmente a la gente joven que está en las garras del consumo y es desesperante escuchar a los padres que claman por ayuda para rehabilitar a sus hijos.

Me sorprende cuando escucho al Ministro de Interior o a la autoridad de seguridad, vanagloriarse por el éxito en la captura y detención de narcotraficantes y el aumento, de toneladas de drogas decomisada, ya que esto no hace sino, poner de manifiesto, lo que estoy señalando, que es la tremenda gravedad que tiene en la realidad nacional el problema del narcotráfico. Esto sin duda va acompañado de vinculaciones entre el narcotráfico y empresas que están actuando en un marco pseudolícito, que por su características permiten efectivamente el desarrollo de una actividad encubierta y disfrazada.

He pedido al Ministerio del Interior la elaboración de estudios y propuestas que apunten a que el problema sea atendido con la mayor urgencia. Y también solicité una sesión especial del Senado para tratar el tráfico y consumo de drogas en Chile. Hay muchos temas pendientes como la carencia de centros de rehabilitación públicos y privados para consumidores de drogas en nuestra región, en especial para mujeres. Aumentar los recursos económicos estatales a Fonasa y Conace, para que los ciudadanos puedan acceder a “becas” para rehabilitación. Crear una unidad especializada, dependiente de la policía de investigaciones, para el control de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas. Mayor dotación de policías antidrogas en pasos no habilitados y la creación por parte del ministerio de educación, de planes y programas obligatorios en prevención del consumo de drogas en jardines infantiles, escuelas, colegios, liceos, institutos, universidades y centros de formación técnica.


Creo que con estas iniciativas y con la reflexión de todos los ciudadanos, podremos empezar a crear conciencia que la droga y el narcotráfico, es el gran mal de males, que viven a diario niños que se prostituyen para comprar un “mono”, jóvenes que son atrapados por este flagelo y familias desesperadas y destruidas al ver que sus hijos, con una “piteada o jalada” pavimentan su camino hacia la desesperanza y muerte.