LA ESCONDIDA: EL SIMBOLISMO DE UNA MOVILIZACIÓN

viernes, agosto 25, 2006


La economía social de mercado se ha impuesto claramente en el modelo de desarrollo de nuestro país: en el mercado los actores buscan maximizar sus beneficios y el Estado cumple una función reguladora, cautelando el bien común y creando formulas para maximizar los beneficios de la comunidad toda.

En la movilización de los trabajadores de Minera Escondida, queda de manifiesto que la cultura de relaciones labores y asuntos corporativos, no simpatiza con lo que ha sido tradicionalmente la relación de la gran minería con sus sindicatos. Desde un inicio la cultura al interior de esa empresa ha sido de indiferencia, cuando no de hostilidad hacia la organización sindical, lo que ha potenciado la necesidad de fortalecer la organización gremial. En dicha empresa las relaciones laborales distributivas no se han llevado con un fluido diálogo, único instrumento que permite que los trabajadores hagan ver sus inquietudes, derechos o insatisfacciones.

Las buenas relaciones laborales en una empresa se dan sólo cuando existe un fluido diálogo, generando confianzas y espacios de colaboración beneficiosa para todo el sistema, lo que potencia la credibilidad. Se hecha de menos una adecuada conversación con los actores relevantes y con los representantes políticos del entorno asociado a esa actividad productiva.

Los trabajadores conocedores del sentimiento local, sienten que la gran minería puede hacer un mayor aporte al desarrollo regional. Ellos han logrado aglutinar un sentimiento de adhesión a sus reivindicaciones que mantiene paralizadas las faenas productivas con millonarios costos. Pareciera que en este tema no hay una adecuada evaluación de costo/beneficio para el interés de la empresa, sus trabajadores y el país en su conjunto.

Este movimiento laboral no constituye una crisis ni un conflicto, sino que forma parte del Código del Trabajo y la “negociación colectiva”. En consecuencia, esta movilización reivindica el marco de las relaciones laborales entre una empresa privada y sus trabajadores. Es sólo el ejercicio de los derechos consagrados en la legislación chilena, lo que no sólo es legal sino que además legítimo. La organización gremial, ha asumido como lógico, que la concepción básica del modelo: “maximizar los beneficios”, no sólo rige para la empresa y sus inversionistas sino que también orienta el actuar de los propios trabajadores.

Cabe destacar que resulta positivo y esperanzador comprobar que las reivindicaciones no sólo benefician directamente a los sindicalizados, sino que han planteado entre sus demandas conceptos de solidaridad con los trabajadores de contratistas, también vinculados a funciones al interior de la faena y que tienen condiciones desmejoradas. Se trata en consecuencia, de mejorar la condición socioeconómica del mundo laboral, no bajando las expectativas de unos, sino que, elevando las condiciones de todos.

Lo anterior adquiere fuerza cuando se argumenta que las externalidades que genera la actividad minera son de un alto costo social, familiar y en la salud del trabajador, lo que resulta fácil de comprobar cuando vemos aquellos que, cumplida su etapa laboral, se recogen al descanso con una secuela de complicaciones, con un alto detrimento económico. Desde la perspectiva de la habitabilidad de los espacios territoriales y la calidad de vida en las zonas mineras, resulta fácil comprobar el impacto que afecta a la comunidad, que no recibe adecuada compensación y mitigación.

Alli están como testimonio los problemas de polución y contaminación, la congestión del entorno urbano de sustancias peligrosas, la carestía social y económica. Fruto del juego de la oferta y la demanda, que ejercen una presión que alcanza a toda la comunidad. Refuerzan esta concepción los indicadores de salud en particular cáncer, enfermedades mentales y profesionales derivadas de la fuerte presión y la competencia observada en el entorno.

Todo lo anterior, ha potenciado la idea que la actividad productiva de la gran minería puede y debe hacer una mayor aporte para mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo sustentable, lo que se debe expresar en verdaderas, reales y efectivas acciones e iniciativas de “responsabilidad social corporativa o empresarial”.

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