LEY RESERVADA DEL COBRE: ¡NO MÁS SECRETOS!

lunes, agosto 28, 2006

Los documentos secretos y reservados que se mantienen por acción de la sala del Senado, o por convenios internacionales u otras que se consagran en la Carta Fundamental, se rigen por el artículo 77 del Reglamento con las restricciones, por cierto, que establece el artículo 8º de la Constitución.

Esto hace referencia a la disposición cuarta transitoria, que señala que “sin perjuicio del artículo 8º, se entiende que las leyes que con antelación han sido declaradas secretas mantendrán esa calidad mientras no se dicte una ley que regule todo este cuerpo”.

En general, yo tiendo a coincidir con este informe. Sin embargo, coincido particularmente porque se dice que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tendrá que estudiar todos los alcances de los planteamientos que he venido haciendo sobre esta materia para hacer coherente la organicidad de nuestro cuerpo jurídico y hacer coherente, entonces, con el artículo 8º, que establece que los actos son públicos en general, en toda la Administración Pública.

Es precisamente lo que busco, es precisamente lo que aspiro a dilucidar. En esa misma medida la consulta debe efectuarse de la manera prevista en el inciso primero del artículo 77, “que debe ser consultada en la Secretaría ante la presencia de un oficial de este Parlamento”. Y, de hecho, con muchas restricciones, porque no se puede copiar, tomar nota, grabar, ni fotografiar dicha ley secreta.

Por eso y por una cuestión, además, de dignidad del Parlamento, me parece francamente ingrato, el que cuando un Parlamentario para estudiar un texto legal o conocer una norma, por muy secreta que ésta sea, tenga que estar con un celador o con un custodio. Eso atenta contra la dignidad, eso atenta contra la credibilidad de un Parlamentario, más aún cuando se trata de la ley 13.196, que reguló, en su momento los fondos del cobre, y posteriormente se estableció como la Ley Secreta de las Fuerzas Armadas.

Y si a mí se me pide reserva, yo sabré guardar reserva, pero no acepto y no leeré esa ley mientras yo tenga que estar en presencia de un guardián que cautela mis buenas conductas. Por eso he solicitado, que se dé curso a mis peticiones y se le pida el acuerdo unánime a los Comités para modificar esta norma. Y ante esta situación me pregunto ¿Y los ciudadanos comunes y corrientes tendrán acceso alguna vez a esta ley?.

La verdad es que creo que si el espíritu de la institucionalidad es darle transparencia a la gestión pública, resultaría de toda lógica pedir también que el Presidente del Senado pida el acuerdo a la Sala al menos para abrir una discusión sobre este tema. A mí me parecen temas relevantes, que deben tener la mayor transparencia, particularmente cuando en mi región la ciudadanía se ha organizado para derogarlo, modificarlo o cambiarlo.

Me parece de toda justicia hacerlo, más aún cuando en realidad el artículo 8º consagra que podrán ser leyes reservadas o secretas cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. El mantener la reserva o el secreto de esta ley no se ampara en ninguno de estos elementos. La Carta Fundamental es muy clara en qué momento las leyes deben ser secretas, y ninguna de éstas se aplica a la materia en cuestión. Para que al fin todos los chilenos podamos tener acceso a las leyes que nos rigen, benefician o afectan.

LA ESCONDIDA: EL SIMBOLISMO DE UNA MOVILIZACIÓN

viernes, agosto 25, 2006


La economía social de mercado se ha impuesto claramente en el modelo de desarrollo de nuestro país: en el mercado los actores buscan maximizar sus beneficios y el Estado cumple una función reguladora, cautelando el bien común y creando formulas para maximizar los beneficios de la comunidad toda.

En la movilización de los trabajadores de Minera Escondida, queda de manifiesto que la cultura de relaciones labores y asuntos corporativos, no simpatiza con lo que ha sido tradicionalmente la relación de la gran minería con sus sindicatos. Desde un inicio la cultura al interior de esa empresa ha sido de indiferencia, cuando no de hostilidad hacia la organización sindical, lo que ha potenciado la necesidad de fortalecer la organización gremial. En dicha empresa las relaciones laborales distributivas no se han llevado con un fluido diálogo, único instrumento que permite que los trabajadores hagan ver sus inquietudes, derechos o insatisfacciones.

Las buenas relaciones laborales en una empresa se dan sólo cuando existe un fluido diálogo, generando confianzas y espacios de colaboración beneficiosa para todo el sistema, lo que potencia la credibilidad. Se hecha de menos una adecuada conversación con los actores relevantes y con los representantes políticos del entorno asociado a esa actividad productiva.

Los trabajadores conocedores del sentimiento local, sienten que la gran minería puede hacer un mayor aporte al desarrollo regional. Ellos han logrado aglutinar un sentimiento de adhesión a sus reivindicaciones que mantiene paralizadas las faenas productivas con millonarios costos. Pareciera que en este tema no hay una adecuada evaluación de costo/beneficio para el interés de la empresa, sus trabajadores y el país en su conjunto.

Este movimiento laboral no constituye una crisis ni un conflicto, sino que forma parte del Código del Trabajo y la “negociación colectiva”. En consecuencia, esta movilización reivindica el marco de las relaciones laborales entre una empresa privada y sus trabajadores. Es sólo el ejercicio de los derechos consagrados en la legislación chilena, lo que no sólo es legal sino que además legítimo. La organización gremial, ha asumido como lógico, que la concepción básica del modelo: “maximizar los beneficios”, no sólo rige para la empresa y sus inversionistas sino que también orienta el actuar de los propios trabajadores.

Cabe destacar que resulta positivo y esperanzador comprobar que las reivindicaciones no sólo benefician directamente a los sindicalizados, sino que han planteado entre sus demandas conceptos de solidaridad con los trabajadores de contratistas, también vinculados a funciones al interior de la faena y que tienen condiciones desmejoradas. Se trata en consecuencia, de mejorar la condición socioeconómica del mundo laboral, no bajando las expectativas de unos, sino que, elevando las condiciones de todos.

Lo anterior adquiere fuerza cuando se argumenta que las externalidades que genera la actividad minera son de un alto costo social, familiar y en la salud del trabajador, lo que resulta fácil de comprobar cuando vemos aquellos que, cumplida su etapa laboral, se recogen al descanso con una secuela de complicaciones, con un alto detrimento económico. Desde la perspectiva de la habitabilidad de los espacios territoriales y la calidad de vida en las zonas mineras, resulta fácil comprobar el impacto que afecta a la comunidad, que no recibe adecuada compensación y mitigación.

Alli están como testimonio los problemas de polución y contaminación, la congestión del entorno urbano de sustancias peligrosas, la carestía social y económica. Fruto del juego de la oferta y la demanda, que ejercen una presión que alcanza a toda la comunidad. Refuerzan esta concepción los indicadores de salud en particular cáncer, enfermedades mentales y profesionales derivadas de la fuerte presión y la competencia observada en el entorno.

Todo lo anterior, ha potenciado la idea que la actividad productiva de la gran minería puede y debe hacer una mayor aporte para mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo sustentable, lo que se debe expresar en verdaderas, reales y efectivas acciones e iniciativas de “responsabilidad social corporativa o empresarial”.

EL COBRE NO ES DE TODOS

sábado, agosto 12, 2006

Los países que implementan estrategias para impulsar un desarrollo con dimensión humana, mejoran notablemente su gobernabilidad, ese equilibrio virtuoso entre el desarrollo económico, la estabilidad política y la equidad social. Para el éxito de esta estrategia de desarrollo, se requiere avanzar en altos niveles de descentralización, que potencien la creatividad, racionalidad y pertinencia de las políticas, desde una perspectiva de fuerte localidad, lo que permite a los espacios territoriales y por ende a su gente, estar mejor preparados para enfrentar los desafíos del sistema global, lo que se ve potenciado por una cultura asociativa y de alianza entre el sector privado y el sector público.

Lo que ha ocurrido con los trabajadores de la minería, demuestra un grado de malestar generalizado de cientos de miles de personas. Tal como ellos han manifestado, no se sienten parte de una empresa ni de las riquezas que se extraen en nuestra región, no son parte de ese proceso, ni de ese minúsculo círculo que maneja los recursos y las decisiones y a raíz de esto es que emerge nuevamente la sociedad civil organizada que reclama protagonismo. Pero cabe preguntarse, ¿cuál es el real aporte de las grandes empresas mineras?, ¿dónde se encuentra la responsabilidad social corporativa? e incluso, ¿dónde se encuentra la responsabilidad del Gobierno cuando se determinan las necesidades y carencias que posee una población, comuna o región?

El concepto general de la igualdad de oportunidades es más bien teórico, porque en la práctica no sucede. La toma de decisiones económicas, políticas, sociales, culturales y tecnológicas bailan al compás de la capital. Desde la adquisición de un lápiz para una oficina pública hasta la compra de una avión para el Fuerza Aérea, son decisiones que se adoptan Santiago.

El crecimiento excesivo de la capital, donde cada día nos sorprende con más líneas de metro, estructuras fastuosas, grandes edificios y bibliotecas, largas avenidas e innumerables carreteras de tres y cuatro pistas, mientras que a nosotros, producto del esfuerzo de cada trabajador o por el sólo hecho de ser "una región", se nos compensa con el agua, luz, arriendo, pan, la fruta y verdura, más cara de Chile. Calles convertidas en verdaderos campos lunares, escuelas a medio construir, Pymes reventadas por el sistema de pagos de la empresa privada y por el propio Estado, el hospital Regional convertido en un chiquero, un borde costero deprimente e indigno donde ni siquiera existe el mínimo concepto turístico de impulsar un desarrollo inmobiliario por parte de las autoridades. Comunas postergadas por largos años como Taltal, Tocopilla, María Elena, Ollagüe o Calama. Y es por esto que me doy cuenta que el cobre no es de todos.

Los movimientos sociales, sindicales y estudiantiles, están exigiendo lo que se merecen, demandando un sistema en el que se tenga algo de control, reclaman una mayor participación e incidencia en el ámbito público, que se ve hegemonizado por las decisiones políticas centralistas que parecen incapaces de equilibrar el acceso a los beneficios para todos con una real igualdad.

En mi opinión, se aprecia una actitud poco integradora, escasamente inclusiva, con un sesgo elitista. Lo cierto es que, en esta materia pareciera necesario pasar a una actitud mucho más proactiva e institucionalizada, como respuesta a las necesidades de las personas y sus aspiraciones de justicia redistributiva generadora de cohesión.

Hay que mostrar un compromiso más decidido en la promoción de la solidaridad, empoderamiento de las regiones y que estas puedan establecer acuerdos comerciales con otras regiones y éstas con otros países. Independencia para la toma de decisiones, apuntar a que todas las autoridades regionales sean elegidas por votación directa y popular, manejo de presupuestos regionales sin condicionamientos mediocres de una alta autoridad que nos dice cómo, dónde, qué o cuándo invertir en algo. Y la repuesta como siempre es que no hay plata, que hay que ahorrar, que vienen vacas flacas, pero es ahora cuando la ciudadanía reclama por soluciones inmediatas, porque existe una creciente sensación de desamparo y desaliento.