ACCESO A SISTEMAS DE INFORMACION

lunes, junio 20, 2005


En la actualidad, el análisis de cualquier problema coyuntural y el planteamiento de una solución efectiva al mismo, pasa por el manejo de la mayor cantidad de variables que puedan incidir en su estudio para una efectiva toma de decisiones.

Esta necesidad de información, eficiencia, efectividad y oportunidad en las decisiones de la administración del Estado, ha llevado a diversos servicios públicos a crear bases de datos en materias de su competencia, que se convierten en herramientas útiles para la realización de análisis y estudios, sobre las problemáticas que, en los ámbitos de sus respectivas competencias y funciones, puedan presentarse.

Pero muchas veces, la información contenida en dichos sistemas no sólo es útil para el organismo que los ha creado y administra, sino que son de gran interés público, lo que ha llevado a estos servicios a adoptar la política de permitir el acceso a estos datos a través de la venta de los mismos.

Sin embargo, esta situación que, hasta aquí, parece correcta, presenta serios problemas de acceso público real a los mismos.

En efecto, al optarse, en esta materia, por una "cultura de la Parcela", o de compartimentos estancos, en donde cada organismo de la Administración Pública actúa, crea y organiza sus propios sistemas de información cerrados, con prescindencia de los restantes entes públicos, sin que exista una política de coordinación y unificación en el manejo de los datos, puede llevar a la duplicidad de información, lo que, además de constituir un problema de eficiencia en el uso de los recursos públicos, puede derivar en que, fruto de los diferentes criterios que se aplican en el trabajo sobre los datos, se obtengan resultados distintos, poniendo en contradicción los antecedentes que deban proporcionar distintos organismos del Estado. El mundo que emerge impone los sistemas abiertos y en redes.

Otro problema grave se deriva de la política que se ha comenzado a difundir en los diversos servicios públicos en orden a poner a la venta la información de uso publico que ellos manejan; no por el hecho de la venta, sino por los altos costos que se piden por ella, como consecuencia de la aplicación de políticas de autofinanciamiento.

El levantamiento de Información Básica, como lo son, por ejemplo, los "censos de población y vivienda", indispensables para la adecuada toma de decisiones, tienen para el Estado un alto costo, quien está obligado a dar a dicha inversión el uso más racional y óptimo posible, y ello se logra sólo en la medida que la información recopilada este disponible y pueda ser usada por la mayor cantidad de organismos y personas.
Pero, no basta con que la información este disponible, sino que es exigible que la misma pueda ser realmente consultada y utilizada y, a esto último, obsta el cobro de precios inaccesibles para la mayoría de los particulares, dificultándose, entorpeciendo o simplemente imposibilitándose la ejecución de una serie de iniciativas.

Un ejemplo particular es lo que está ocurriendo con el último "Censo de Población y Vivienda", realizado en el año 2002. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) está colocando a la venta una serie de productos que van desde CD’s, con los resultados generales en formato PDF, a nivel nacional, pasando por información a nivel regional, hasta resultados más detallados que llegan a nivel de manzana. Los precios que se cobran por esta información son de $10.000 pesos por un CD con información en formato PDF; los resultados de una comuna, a nivel de manzana, puede llegar a un millón y medio de pesos y, los antecedentes de una región completa, a este mismo nivel de manzana, puede ir desde el millón y medio de pesos hasta los dieciocho millones, que es lo que cuesta la Región Metropolitana completa.

Estas cifras demuestran que el acceso real a esta información "pública", queda, en la práctica restringida sólo a aquellos que puedan pagar dichas sumas, afectándose con ello el libre acceso a la misma que se debiera derivar del hecho de tratarse de estudios financiados con dineros fiscales, privando a muchos investigadores o instituciones privadas, e incluso públicas, de contar con valiosos antecedentes para la realización de diversos estudios.

Algo similar ocurre con la cartografía digital la que tiene precios prohibitivos, no esta disponible gratuitamente en ninguna escala, ni siquiera para fines educativos o investigación, debido a que los servicios públicos encargados del tema: entre otros IGM, SAF, IREN-CORFO, debido a las restricciones presupuestarias y requerimientos de autofinanciamiento.

Desgraciadamente, el problema es, aún, más grave. Incluso en aquellos casos que se disponga de los recursos necesarios para adquirir la información que venden los servicios públicos, nos encontraremos con otro obstáculo: los medios técnicos en los que esta información es entregada.

En efecto, la información contenida en las diversas bases de datos creadas por estos organismos, no se limitan a dos o tres antecedentes, sino a millones de datos, cuyo cruce, comparación y análisis, permitirá obtener los resultados que se requieran para efectuar el estudio de una situación coyuntural y proponer su solución óptima.

Sin embargo ningún problema es igual a otro, por lo que, en muchos casos se requerirá información contenida en bases de datos de diferentes organismos públicos, y allí nos encontraremos con lo que, fruto de la falta de políticas de coordinación y de unificación de sistemas de información, podrá traducirse en la existencia de diferentes plataformas informáticas, incompatibles entre sí, impidiendo el cruce de datos.

Otro problema que se presenta en la entrega de información es la utilización de distintas tecnologías o sistemas que hacen imposible que dichas bases sean accesadas por los usuarios comunes, y utilizadas con los programas de uso más frecuentes como lo son Word o Excel. En efecto, en muchos casos la información es entregada en PDF, que es un formato sólo de visualización, formatos propietarios, que no permite la interacción, el poder trabajar con ellos, salvo que sean extraídos y llevados a bases de datos propias, lo que implica volver a efectuar un trabajo ya realizado, haciendo altamente ineficaz la información y , probablemente, inoportuna.

En consecuencia, las dinámicas del uso de sistemas de información que impone un mundo globalizado como el que hoy vivimos, sumado a la necesidad de dar a los recursos, especialmente los públicos, el uso que sea más eficaz, exige salir de la cultura de algunos servicios públicos, que se expresa en que cada uno de ellos siente que su información es reservada, no compartiéndola con nadie.

Hoy, más que nunca, es necesaria la integración y complementación de las bases de datos de diferentes servicios, pero ésta, a la vez exige una acelerada modernización de los procesos al interior de la administración del Estado, agilizando la adecuación de las Tecnologías de la Información; con lo cual, el país ganará eficiencia y eficacia en la utilización de los limitados recursos con que cuenta.

La información es tal, solo cuando cuando se puede acceder a ella, se puede compartir y usar, en caso de no cumplirse estas condiciones solo son datos.

De no atender esta materia, arriesgamos un grave retroceso en el desarrollo del país, que asegure una adecuada administración territorial, la eficiencia, eficacia y oportunidad de la gestión de los servicios públicos y sus recursos económicos.

Pero, de nada sirve la recopilación de datos sobre una determinada materia, mantenidos bajo reserva o convertidos en un producto de mercado y, a los cuales sólo pueden acceder quienes tengan los recursos necesarios para cancelar su alto costo. La gran utilidad de los datos es poder entrecruzarlos con otros de índole diversa, lo que permita obtener apreciaciones más cercanas a la realidad. Por ello se sugiere a las autoridades gubernamentales la construcción de una clearinghouse – una ventana de ventanas, que contenga los metadatos de los datos. Un gran portal que constituya una comunidad virtual en la que interactúen diversos servicios, se de la transparencia a las bases de datos del ámbito público.

Es necesario garantizar a toda persona u organismo, sea público o privado, el acceso real, eficaz y oportuno a la información, siendo imperativo evaluar el financiamiento de la creación de sistemas de información bajo plataformas compatibles y de libre y gratuito acceso para todos, efectuándose, por cierto, el debido resguardo de los datos de carácter personal.

2 comentarios:

Vlado Mirosevic dijo...

Senador, le pido con todo respeto, que incorpore la practica de escribir con mayor frecuencia, ya que la velocidad es crucial para tener lectores.

Postgrado Estudios sobre Corrupción dijo...

Estimado Senador:

Lo felicito por su decisiòn de incorporar un blog para tener mucho màs contacto con sus electores.

Le envìo desde Quito-Ecuador mis saludos,


Diego Sanchez